Diputados trazan agenda que consolida derechos de las mujeres.
Aguascalientes, Ags. Con miras a fortalecer las políticas públicas y estrategias legislativas en favor de los derechos y protección de las mujeres, la Comisión de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva del Congreso de Aguascalientes, que preside la diputada San Juana Martínez, y la titular del IAM, Patricia Cárdenas, sostuvieron una reunión en la que trazaron una agenda de trabajo conjunta.
En este contexto, la funcionaria estatal expuso que lograron la instalación de 54 Unidades de Igualdad de Género en mismo número de dependencias del Ejecutivo, con la capacitación de 650 servidoras públicas que brindan acompañamiento y asesoría en casos de hostigamiento sexual o laboral, principalmente.
La titular del Instituto Aguascalentense de las Mujeres informó además que la puesta en marcha de las Casas Rosas ya es un hecho en los municipios de Tepezalá y Calvillo, con una inversión de un millón de pesos para cada una; “son espacios en los que se ofrece protección y asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia”.
Sobre este punto en particular, las diputadas Nancy Gutiérrez, Verónica Romo y San Juana Martínez, señalaron que revisarán la aplicación del incremento en el presupuesto que se etiquetó para este rubro, “pues en el Presupuesto de Egresos 2023 contemplamos un aumento significativo”.
De esta manera, la Comisión de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, incluida la legisladora Ana Gómez, ratificó su compromiso de realizar continuos acercamientos con las diversas instancias de atención y protección a las mujeres, con el propósito de revisar e impulsar mejoras a los esquemas de implementación de las políticas públicas y programas.
Tras esta reunión, procedieron con la votación a favor del dictamen que resuelve la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, que presentó la diputada Mayra Torres, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con el propósito de facultar al Tribunal Local Electoral y al Instituto Estatal Electoral (IEE), para en casos de violencia política en razón de género, puedan solicitar a la autoridad competente, órdenes de protección requeridas.